Durante muchos años, México se consolidó como una de las economías más atractivas para la inversión extranjera en América Latina. Su ubicación estratégica, abundantes recursos naturales, tratados comerciales, mano de obra calificada y una infraestructura desarrollada le otorgaron un lugar privilegiado entre los mercados emergentes. Sin embargo, en los últimos años, esta percepción ha comenzado a deteriorarse. Cada vez más empresas —especialmente en sectores clave como energía, manufactura e infraestructura— comienzan a mirar hacia otros destinos más estables y rentables.
El mensaje es claro: México ha dejado de ser uno de los mercados más atractivos para muchas empresas, y este cambio está estrechamente ligado a factores estructurales, políticos, regulatorios y económicos que han debilitado su competitividad global.
Varios informes internacionales han señalado una caída en los niveles de confianza de los inversionistas respecto a México. Organismos como el Banco Mundial y calificadoras como Fitch y Moody's han alertado sobre la pérdida de claridad en las reglas del juego. Empresas que anteriormente operaban con certidumbre jurídica y contractual, ahora se enfrentan a cambios abruptos en regulaciones, suspensión de licitaciones y reformas que alteran el marco institucional.
El caso del sector energético es un ejemplo claro. Tras la apertura derivada de la reforma energética de 2013, decenas de multinacionales ingresaron al mercado mexicano con proyectos ambiciosos en exploración, producción y servicios especializados. No obstante, a partir del cambio de gobierno en 2018, se frenaron las rondas de licitación, se cancelaron contratos y se priorizó una visión centrada en el fortalecimiento del monopolio estatal.
Este giro abrupto en las políticas públicas generó un efecto dominó que afectó la planificación de las compañías internacionales. La cancelación de inversiones, el repliegue de operaciones y la reestructuración de presencia local han sido una constante en empresas como Halliburton, Siemens Energy, Iberdrola, Shell y otras que enfrentaron obstáculos burocráticos, retrasos en pagos y cambios regulatorios inesperados.
Uno de los factores más sensibles ha sido el deterioro en la relación financiera entre el Estado y sus proveedores. En sectores como petróleo, electricidad y construcción, empresas de todos los tamaños han reportado retrasos en pagos por parte de entidades públicas o empresas estatales. Pemex, por ejemplo, acumula deudas por más de 100 mil millones de pesos con contratistas y prestadores de servicios.
Este retraso afecta directamente la operatividad de las compañías, su liquidez, la posibilidad de renovar contratos y la confianza para expandir proyectos en el país. Empresas como Halliburton han debido reducir personal, cerrar oficinas regionales o suspender proyectos ante la imposibilidad de recuperar lo invertido en plazos razonables.
El problema no se limita al sector energético. También se han reportado complicaciones en infraestructura ferroviaria, servicios logísticos, minería y obras públicas, donde la falta de cumplimiento financiero ha generado litigios, suspensiones y salidas del país.
Otra de las razones por las cuales México ha perdido atractivo es la creciente percepción de riesgo normativo. A nivel nacional, se han impulsado reformas que centralizan decisiones estratégicas en el Ejecutivo, lo que limita la autonomía de órganos técnicos como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) o la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).
Esta concentración de decisiones genera incertidumbre entre los inversionistas. Las reglas pueden cambiar con decretos presidenciales o nuevas leyes que no pasan por los filtros institucionales ni por consultas públicas amplias. Esta situación ha sido señalada por organismos como el Consejo Coordinador Empresarial y cámaras internacionales como la American Chamber of Commerce y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
En otras palabras, las empresas temen invertir en un entorno donde las reglas pueden cambiar de un momento a otro, sin mecanismos claros de defensa legal o certidumbre contractual.
Mientras México enfrenta estas dificultades, otros países latinoamericanos han comenzado a consolidarse como destinos atractivos para la inversión extranjera directa. Colombia, Brasil, Chile y Perú han implementado reformas que fortalecen el marco institucional, promueven asociaciones público-privadas, ofrecen incentivos fiscales y respetan contratos firmados incluso en contextos de cambio político.
Brasil, por ejemplo, ha lanzado un ambicioso plan de concesiones en infraestructura, energía e innovación tecnológica. Colombia ha promovido la transición energética con marcos legales robustos y programas de financiamiento internacional. Chile continúa siendo un referente en energía solar y gobernanza institucional.
Frente a este entorno competitivo, México corre el riesgo de quedar rezagado si no recupera condiciones de confianza para las empresas.
Paradójicamente, México se encuentra en un momento de gran oportunidad global gracias al fenómeno del nearshoring. La reubicación de cadenas de suministro tras la pandemia, los conflictos geopolíticos y la guerra comercial entre China y Estados Unidos han hecho de México un destino potencialmente privilegiado para atraer fábricas, centros logísticos y hubs tecnológicos.
Sin embargo, esta oportunidad se ha visto empañada por la falta de infraestructura moderna, problemas en el sistema eléctrico, saturación de puertos, inseguridad y, nuevamente, falta de certeza regulatoria. Muchas empresas que consideran instalarse en México finalmente optan por otros destinos como Vietnam, Malasia, India o incluso países de Centroamérica.
México aún conserva ventajas competitivas importantes: su proximidad a Estados Unidos, una red de tratados de libre comercio, recursos naturales y una fuerza laboral calificada. No obstante, para recuperar su estatus como destino confiable para la inversión extranjera, necesita restablecer el equilibrio entre soberanía económica y apertura regulada.
Restaurar la certeza jurídica, garantizar pagos puntuales, respetar contratos firmados y fortalecer la autonomía de los órganos reguladores son pasos imprescindibles para volver a ganar la confianza de empresas internacionales.
En la medida que estas condiciones no se restablezcan, más compañías seguirán considerando que México ha dejado de ser uno de los mercados más atractivos para invertir, y buscarán alternativas más previsibles, estables y competitivas en la región o en otros continentes.