En 2024, Petroecuador importó 70,8 millones de barriles de derivados, con un gasto de 6.598 millones de dólares, debido a fallas en su sistema refinador y al aumento de la demanda interna. Además, casi un millón de barriles fueron robados mediante perforaciones ilegales. A pesar de generar más de 14.000 millones en ingresos, la estatal transfirió solo una cuarta parte al Estado por sus altos costos operativos. Las cifras evidencian desafíos estructurales para el sector petrolero ecuatoriano.
Fecha:Saturday 14 Jun de 2025
Gestor:ESCUELA ESGEP
Durante 2024, Petroecuador destinó 6.598 millones de dólares a la importación de derivados del petróleo. Esta cifra, sin precedentes, se debió a la necesidad urgente de abastecer el mercado interno frente a limitaciones en la capacidad de refinación del país. La estatal superó sus propias previsiones de compras internacionales para cubrir la demanda interna.
El incendio en la Refinería de Esmeraldas y los cortes energéticos provocaron una paralización en la producción local de derivados. Como resultado, la dependencia de productos importados aumentó drásticamente, generando presiones financieras adicionales. Esta situación no solo elevó el costo operativo de Petroecuador, sino que también debilitó su capacidad de aporte al presupuesto público.
La cobertura del déficit en combustibles se realizó principalmente a través de compras de diésel prémium, gasolina extra, GLP y jet fuel. La demanda se mantuvo constante, mientras que la oferta local se redujo, marcando un año complejo para la seguridad energética del país. Las importaciones masivas reflejaron la fragilidad del sistema energético ecuatoriano.
El diésel prémium representó el principal producto adquirido en el extranjero, con más de 24 millones de barriles comprados. Le siguieron el gas licuado de petróleo (GLP), la gasolina y el jet A-1, reflejando una fuerte demanda en sectores clave como el transporte, la industria y el uso doméstico. Estas cifras demuestran la amplitud del consumo energético ecuatoriano.
La red de distribución nacional enfrentó retos logísticos para mantener el suministro en condiciones normales. Petroecuador tuvo que rediseñar sus operaciones de transporte y almacenamiento para enfrentar la escasez temporal causada por la falta de producción interna. Las terminales y poliductos operaron al máximo de su capacidad.
El impacto económico fue notorio: los altos costos de adquisición en el mercado internacional redujeron el margen operativo de la empresa. Las finanzas de la estatal se vieron presionadas al tener que cubrir estos gastos sin incrementar precios al consumidor, dada la política de subsidios vigente. El modelo actual resultó insostenible en un contexto de crisis productiva.
En 2024, la producción nacional de crudo alcanzó los 139,6 millones de barriles, una cifra apenas por debajo de la meta anual. Aunque los niveles de extracción fueron relativamente estables, no resultaron suficientes para compensar la caída en la capacidad de refinación ni para reducir las importaciones. La producción mensual promedió cerca de 11,7 millones de barriles.
El desempeño del gas natural fue más preocupante: solo se logró un tercio de la meta proyectada. Este resultado refleja las limitaciones del país en diversificar sus fuentes energéticas y depender en gran medida del crudo. La exploración de nuevos pozos y campos de gas sigue siendo limitada y requiere de mayor inversión.
A pesar de estos desafíos, se perforaron 69 pozos nuevos durante el año, divididos entre iniciativas privadas y operaciones directas de Petroecuador. No obstante, este ritmo de crecimiento resulta insuficiente para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema hidrocarburífero ecuatoriano, sobre todo en un contexto de creciente demanda y riesgos operativos.
Uno de los problemas más graves que enfrentó Petroecuador en 2024 fue el robo masivo de combustibles. A lo largo del año, se reportaron 995 perforaciones ilegales, conocidas como “pinchazos”, a los ductos de la empresa estatal. Como consecuencia, se estima que se sustrajeron cerca de 978.000 barriles de hidrocarburos.
Las zonas más afectadas fueron aquellas que conectan terminales costeras con centros de distribución en el interior del país. Las rutas Libertad–Manta, Esmeraldas–Santo Domingo y Pascuales–Cuenca encabezaron la lista con más casos de perforaciones. Estas acciones delictivas no solo provocan pérdidas económicas, sino también representan un grave riesgo ambiental y de seguridad.
El costo de estas pérdidas es doble: además del valor del producto robado, se deben contabilizar los gastos en reparaciones, paralización de operaciones y medidas de seguridad adicionales. Petroecuador enfrenta un reto enorme para proteger su infraestructura y contener esta práctica que afecta a toda la cadena logística del sector energético.
Durante 2024, Petroecuador generó ingresos totales por más de 14.754 millones de dólares, gracias a sus operaciones de exportación y ventas locales. Sin embargo, la cantidad transferida al Presupuesto General del Estado fue de solo 3.836 millones, lo que representa menos de una cuarta parte del total.
Este bajo nivel de aporte fiscal se explica por el incremento de costos operativos, especialmente por la compra de derivados en el extranjero. También influyeron las inversiones en mantenimiento y el impacto financiero del robo de combustibles. A pesar de los altos ingresos, la utilidad disponible para el Estado se vio considerablemente reducida.
La situación ha generado cuestionamientos sobre la eficiencia financiera de la estatal y la necesidad de reestructurar su modelo de negocio. El país requiere una estrategia que permita maximizar los beneficios para la economía nacional sin poner en riesgo la sostenibilidad de la empresa. Las reformas estructurales se vuelven urgentes.
La crisis energética de 2024 se agravó cuando la Refinería de Esmeraldas sufrió un incendio que la dejó fuera de operación durante semanas. Esta planta, clave en el sistema nacional de refinación, dejó de abastecer gasolina extra, lo que generó una escasez temporal en distintas regiones del país.
La respuesta de emergencia incluyó la importación acelerada de combustibles y el redireccionamiento de cargas desde otras refinerías. Sin embargo, la recuperación fue lenta y parcial, y varios productos como el fueloil y el asfalto continuaron con inventarios bajos. La infraestructura de respaldo demostró ser insuficiente.
Este evento puso en evidencia la fragilidad del sistema refinador ecuatoriano, que depende en gran medida de una sola instalación para cubrir la mayor parte del mercado. La falta de inversión en modernización y mantenimiento preventivo ha generado una vulnerabilidad estructural que se hace visible en momentos de crisis.
Petroecuador se encuentra en una encrucijada: por un lado, enfrenta presiones financieras derivadas de sus altos costos operativos y, por otro, debe asumir el reto de modernizar su infraestructura y prevenir delitos como el robo de combustibles. Todo esto ocurre en un contexto de creciente demanda interna y menor producción refinada.
Las prioridades deben centrarse en mejorar la seguridad en los ductos, invertir en tecnología de monitoreo y reforzar las sanciones contra el robo de hidrocarburos. A la par, se necesita una reactivación del sistema de refinación con criterios de eficiencia, sostenibilidad ambiental y autonomía energética.
Asimismo, urge repensar el modelo económico de Petroecuador para garantizar que los ingresos generados se traduzcan en beneficios reales para el país. Las decisiones que se tomen hoy serán determinantes para la viabilidad del sector energético en los próximos años.