Ecuador paralizado: bloqueos viales y tensión nacional tras eliminación de subsidios al diésel
La decisión del gobierno de Daniel Noboa desata protestas en varias provincias y revive el fantasma de las movilizaciones de 2019
Ecuador amaneció con bloqueos en múltiples carreteras como respuesta al decreto ejecutivo que eliminó los subsidios al diésel, elevando su precio de USD 1,80 a USD 2,80 por galón. La medida, defendida por el gobierno como necesaria para corregir desequilibrios fiscales, ha generado una ola de rechazo que se traduce en un paro nacional con epicentro en las provincias de Imbabura, Pichincha y Cotopaxi.
Primeros cierres en el norte andino
El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 reportó cierres totales en tramos clave de la red vial. En Imbabura, se bloquearon las vías Otavalo–Cotacachi, Ibarra–Imbaya–Urcuquí, Otavalo–Quiroga y Otavalo–Cajas. En Pichincha, la Panamericana Norte fue interrumpida en puntos estratégicos como la Bola de Guachalá, Santa María del Milán y Otón. También se registraron bloqueos en la vía Quito–Guayllabamba, afectando la conectividad con la Sierra norte.
La sede temporal del Ejecutivo, ubicada en Latacunga (Cotopaxi), fue completamente militarizada ante el riesgo de enfrentamientos. Las imágenes de militares custodiando edificios públicos evocan momentos críticos de protestas pasadas.
Impacto nacional y antecedentes históricos
Aunque los bloqueos más visibles se concentran en el norte, otras regiones como la Sierra centro-sur, la Amazonía y la Costa también enfrentan interrupciones viales, aunque en muchos casos por causas naturales como deslizamientos, hundimientos y socavones.
La decisión de eliminar el subsidio al diésel revive episodios como el levantamiento de octubre de 2019 y las protestas de junio de 2022, cuando medidas similares provocaron movilizaciones masivas, enfrentamientos violentos y negociaciones tensas con organizaciones sociales e indígenas.
Reacciones y tensión política
El presidente Daniel Noboa ha defendido la medida como parte de un plan de estabilización fiscal, pero diversos sectores sociales, transportistas y comunidades rurales la consideran un golpe directo al costo de vida. La falta de un plan de compensación o diálogo previo ha sido duramente criticada por líderes comunitarios y analistas políticos.
Organizaciones sociales exigen la reversión del decreto y advierten que las movilizaciones podrían escalar si no se instala una mesa de diálogo inmediata. Mientras tanto, el país enfrenta una jornada marcada por la incertidumbre, la paralización del transporte y el temor a una nueva crisis nacional.