Colombia pierde atractivo petrolero: ACP advierte caída de inversiones por suspensión de la regla fiscal

La suspensión de la regla fiscal en Colombia ha generado fuertes críticas desde el sector petrolero. La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) proyecta una caída del 14 % en inversiones de exploración y del 9 % en producción. Esta decisión podría afectar el empleo, el crecimiento económico y la autosuficiencia energética. El gremio exige revertir la medida y establecer condiciones estables para la inversión.

La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas lanzó una fuerte advertencia sobre los impactos de la suspensión de la regla fiscal. La decisión del gobierno de liberar temporalmente el cumplimiento de esta norma fiscal, según el gremio, genera una situación de alta incertidumbre para los inversionistas.

La medida ya estaría teniendo consecuencias concretas en la industria. Las empresas del sector han comenzado a recortar sus presupuestos y a postergar decisiones clave. Como resultado, se espera una reducción significativa en las inversiones destinadas a exploración y producción.

Para los líderes del gremio energético, esta política contradice los esfuerzos por asegurar la autosuficiencia energética del país. Aseguran que, sin reglas claras y previsibles, Colombia perderá atractivo frente a otras naciones con políticas fiscales estables y marcos de inversión más competitivos.

Un entorno fiscal poco predecible

La suspensión de la regla fiscal se justifica oficialmente como una medida para aumentar el gasto social. No obstante, desde el sector energético se argumenta que esto genera un entorno económico inestable que podría ahuyentar nuevas inversiones.

Al suspender el límite al gasto público, el país pierde una herramienta clave de disciplina fiscal. Esto no solo eleva el riesgo país, sino que también provoca una respuesta negativa de los mercados financieros, afectando el acceso al crédito y encareciendo los intereses.

El gremio considera que, más allá del gasto social, la medida podría tener un trasfondo electoral. Según afirman, parte del presupuesto se estaría destinando a contratos y programas que no contribuyen al desarrollo estructural del país ni a la sostenibilidad fiscal.

Inversión en picada: cifras preocupantes

El impacto más directo de esta medida se refleja en la caída proyectada de las inversiones. La ACP estima una reducción del 14 % en los recursos dirigidos a exploración de hidrocarburos, y un 9 % en aquellos destinados a la producción.

Estas cifras significan menos pozos, menos operaciones y, por ende, menos empleo en zonas productoras. También reducen la probabilidad de encontrar nuevas reservas, lo cual limita la capacidad del país de sostener su producción en el mediano y largo plazo.

El efecto en cadena de esta contracción afectará tanto al sector industrial como a las comunidades que dependen de la actividad petrolera. La disminución de la inversión también significa menos ingresos por regalías para los gobiernos locales y el Estado.

Empleo y crecimiento en riesgo

El freno en la inversión impacta de forma directa en la generación de empleo. La industria petrolera es una de las principales fuentes de trabajo formal en regiones como Meta, Casanare, Huila y Putumayo. Con menos inversión, se prevé una reducción de plazas laborales.

En años anteriores, la caída de la exploración ya había provocado una pérdida acumulada de más de 30 000 empleos. Con las proyecciones actuales, esta tendencia podría intensificarse, afectando especialmente a técnicos, ingenieros y trabajadores de campo.

Además, el menor dinamismo del sector implica menos compras a proveedores nacionales, menos transporte, menos servicios logísticos y menos impuestos recaudados. Esto frena el crecimiento económico de sectores relacionados y reduce la recaudación tributaria.

Menor producción, menor competitividad

La caída de la inversión también implica una menor producción futura. Sin nuevos pozos, la capacidad productiva disminuye progresivamente, lo que representa un riesgo para la seguridad energética del país.

Colombia enfrenta actualmente un panorama en el que sus reservas probadas de petróleo alcanzan para alrededor de siete años, y las de gas para poco menos de seis. Sin nuevas campañas de exploración, esas cifras seguirán disminuyendo, empujando al país hacia la dependencia de importaciones.

Además, otros países de la región están avanzando con fuerza en nuevas rondas de exploración y alianzas internacionales. Si Colombia continúa en esta línea de políticas restrictivas, podría quedar rezagada frente a competidores como Brasil, Argentina o México.

Una transición energética mal planteada

El gobierno ha promovido una transición energética que busca dejar atrás los combustibles fósiles. Sin embargo, desde el sector energético se señala que esta transformación no puede darse sin antes asegurar la autosuficiencia y la sostenibilidad financiera del país.

La ACP insiste en que se requiere una visión equilibrada: se pueden promover energías renovables sin desincentivar la producción local de petróleo y gas. Ambos sectores pueden convivir, siempre que haya una estrategia de largo plazo.

La transición energética debe estar acompañada de inversión, tecnología, formación de capital humano y una estructura tributaria adecuada. De lo contrario, se corre el riesgo de debilitar al país energéticamente y aumentar su vulnerabilidad económica.

Revertir la decisión y retomar el diálogo

Desde el gremio petrolero se plantea una salida clara: revertir la suspensión de la regla fiscal y generar condiciones que incentiven la inversión. Esto incluye una política tributaria estable, contratos claros y reglas de juego previsibles.

Se propone, además, la creación de una mesa de diálogo entre gobierno, sector privado y expertos en energía, que permita rediseñar la política energética con una visión integral, que considere lo social, lo económico y lo ambiental.

Los empresarios también proponen revisar las cargas fiscales y los procesos de licenciamiento ambiental, que actualmente generan retrasos y sobrecostos. Un marco más ágil y eficiente podría atraer nuevas inversiones y mejorar la competitividad del país.

Riesgo de desabastecimiento energético

La reducción de exploración no solo afecta al presente, sino que compromete la capacidad del país para sostener su demanda energética en el futuro. Con reservas limitadas y sin nuevos hallazgos, el desabastecimiento se convierte en una amenaza real.

Además, la pérdida de autosuficiencia obligaría a importar gas y petróleo a precios más altos, lo que impactaría en los hogares, las industrias y el transporte. También elevaría el déficit comercial y la exposición a la volatilidad del mercado internacional.

Frente a este panorama, mantener una política energética centrada solo en restricciones o suspensiones puede ser contraproducente. Colombia necesita fortalecer su matriz energética sin debilitar su industria local de hidrocarburos.

Colombia frente al contexto regional

Mientras el país enfrenta una caída en la inversión petrolera, otras economías latinoamericanas han optado por políticas activas que promueven la exploración y producción. Estas decisiones les permiten atraer capital, generar empleo y consolidar su seguridad energética.

En países como Brasil o Argentina, se están firmando nuevos contratos, otorgando facilidades tributarias e impulsando grandes yacimientos. En México, la inversión pública y privada sigue alimentando el desarrollo de campos en tierra y costa afuera.

Colombia, al contrario, parece avanzar en sentido opuesto. Las restricciones, la incertidumbre fiscal y la falta de incentivos ponen en duda su capacidad de competir por capital en un mercado energético cada vez más exigente.

El país se encuentra ante una disyuntiva crítica. Por un lado, está la necesidad de garantizar una transición energética que proteja el medio ambiente y reduzca la dependencia de combustibles fósiles. Por otro, la urgencia de mantener empleos, inversión y producción local.

Suspender la regla fiscal, aunque pueda liberar recursos en el corto plazo, genera una señal negativa para el mercado y los inversionistas. La caída proyectada en exploración y producción es solo el primer síntoma de una política que podría tener efectos prolongados.

Reestablecer un entorno fiscal confiable, recuperar la inversión y garantizar reglas claras será fundamental para evitar un colapso del sector. Solo así Colombia podrá transitar hacia una matriz energética más limpia sin comprometer su desarrollo económico y social.