La empresa Canacol Energy analiza la suspensión de 19 contratos de suministro de gas natural en Colombia a partir del 28 de mayo de 2026, condicionada a que tribunales de Canadá y Colombia autoricen la medida. La decisión afectaría directamente a 12 compañías de sectores estratégicos del país y comprometería la estabilidad del abastecimiento energético nacional.
Proceso judicial en dos jurisdicciones
La compañía presentó una solicitud ante la Corte de Alberta, en Canadá, para obtener autorización formal sobre la interrupción de los acuerdos vigentes. Fuentes del sector energético consultadas por Portafolio indicaron que el tribunal canadiense emitiría su pronunciamiento en el corto plazo. De obtenerse ese aval, el expediente pasaría a la Superintendencia de Sociedades de Colombia, organismo que deberá reconocer y validar el fallo internacional antes de que genere efectos jurídicos en el territorio nacional, conforme a lo establecido en la Ley 1116 de 2006.
La Superintendencia de Sociedades precisó que, hasta la fecha, no ha recibido ninguna solicitud formal vinculada a este proceso concursal, y que cualquier petición será evaluada considerando el orden público económico, la protección de los acreedores y el interés general.
Empresas y sectores expuestos al impacto
Entre las compañías potencialmente afectadas figuran Cerro Matoso, Surtigás, Enel Colombia, Gases del Caribe y Gases de La Guajira. El caso de Cerro Matoso reviste especial gravedad: aproximadamente el 80% del gas que consume esta empresa productora de níquel proviene de Canacol Energy. En términos más amplios, la compañía aporta el 17% de la oferta nacional de gas y abastece cerca del 50% de la demanda en la región Caribe.
Gremios como la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) y la Asociación Colombiana de Minería (ACM) advirtieron que la interrupción del suministro elevaría los precios del gas natural vehicular, residencial y comercial, con traslado directo de costos a hogares y empresas. También alertaron sobre el riesgo para el sector térmico, que depende del gas para compensar la menor generación hidroeléctrica durante épocas de sequía.
Impacto social y fiscal en Córdoba
La dimensión social del eventual desabastecimiento incluye más de 2.000 empleos directos e indirectos en riesgo en el departamento de Córdoba, además del impacto sobre 50.000 personas y 25 comunidades que reciben apoyo de los programas sociales financiados por Cerro Matoso. En el plano fiscal, la ACM señaló que el Estado dejaría de percibir los 334.570 millones de pesos en regalías e impuestos que la minera pagó durante 2025.
«Situaciones como esta no solo afectan a una empresa en particular, sino que envían mensajes a toda la industria y a los inversionistas», advirtió Silvana Habib Daza, directora ejecutiva de Asoenergía.
Exigencias al Estado y próximos pasos
Asoenergía y la ACM solicitaron a la Superintendencia de Sociedades y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que protejan el marco contractual vigente y garanticen condiciones de previsibilidad en el suministro de gas natural. Los gremios coincidieron en que la alteración unilateral de contratos compromete la confianza empresarial en un contexto de vulnerabilidad adicional por el fenómeno de El Niño. La fecha tentativa del 28 de mayo permanece como referencia clave, supeditada al resultado de las decisiones judiciales pendientes en ambos países.
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