El ajuste en el precio del diésel B5 en Perú, establecido desde el 30 de mayo de 2025, responde a las fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo y busca estabilizar el mercado interno de combustibles. Este incremento impacta sectores clave como transporte, agricultura y minería, afectando la inflación y los costos de producción. Para mitigar estos efectos, el gobierno implementó una banda de precios que limita la variabilidad y promueve el uso de biocombustibles como alternativa sostenible. Las perspectivas apuntan a una transición energética gradual, con un aumento en la proporción de biodiésel y políticas que fomentan la estabilidad y competitividad del mercado energético nacional.
Fecha:Thursday 05 Jun de 2025
Gestor:ESCUELA ESGEP
Desde el 30 de mayo de 2025, el precio del diésel B5 en Perú se estableció en una banda fluctuante entre S/ 8,49 y S/ 8,59 por galón. Esta decisión responde a la necesidad de mantener la estabilidad en el mercado de combustibles en un contexto de alta volatilidad en los precios internacionales del petróleo. La banda de precios permite que el mercado interno se adapte gradualmente a las oscilaciones globales, evitando ajustes abruptos que puedan afectar la economía y el consumo.
El diésel B5, que contiene un 5% de biodiésel, es un combustible de referencia para el transporte y diversas industrias del país. Su precio tiene un impacto directo en la cadena logística y en el costo de producción de bienes y servicios. Por ello, cualquier variación en su cotización repercute en la inflación y en la competitividad de sectores clave como el transporte de carga, agricultura y minería.
En los últimos meses, la volatilidad de los precios internacionales del crudo, motivada por tensiones geopolíticas, fluctuaciones en la demanda global y ajustes en la producción de la OPEP+, ha generado un entorno complejo para los países importadores y exportadores de combustibles. Perú, al depender en gran medida de la importación de diésel y otros derivados, debe gestionar cuidadosamente los precios para garantizar un equilibrio entre el abastecimiento y la estabilidad económica.
El principal factor que impulsa el ajuste de precios es la fluctuación en los mercados internacionales del petróleo. La cotización del barril de petróleo Brent, que sirve como referencia para el diésel importado, ha experimentado variaciones significativas en los últimos meses, afectando el costo base del combustible en el país. Además, la tasa de cambio del sol frente al dólar estadounidense también influye directamente en el precio final para los consumidores.
El componente de biodiésel en el diésel B5, proveniente principalmente de cultivos locales y fuentes renovables, ha permitido una reducción parcial en la dependencia de combustibles fósiles. Sin embargo, el costo de producción y el volumen disponible de biodiésel también pueden variar por factores climáticos, tecnológicos y de política agrícola, sumando complejidad a la formación del precio final.
Adicionalmente, los costos logísticos y tributarios juegan un papel importante. El transporte desde las refinerías o puertos hasta los puntos de venta, así como los impuestos y tasas aplicados por el gobierno, conforman una parte sustancial del precio. Cualquier ajuste en estos costos puede trasladarse al consumidor, y la política de bandas de precios busca balancear estas variaciones para evitar impactos abruptos.
El aumento del precio del diésel B5 afecta directamente a sectores económicos fundamentales como el transporte de carga, la agricultura, la minería y la construcción. Estos sectores dependen intensamente del diésel para sus operaciones diarias, por lo que el incremento en los costos del combustible puede traducirse en mayores precios de bienes y servicios, afectando la inflación general del país.
Para los consumidores finales, el ajuste puede representar un encarecimiento del transporte público y privado, así como de los productos básicos. Sin embargo, la banda de precios implementada busca mitigar estos impactos, permitiendo una adaptación gradual y evitando ajustes bruscos que puedan deteriorar el poder adquisitivo de la población.
Desde una perspectiva macroeconómica, mantener precios competitivos y estables es crucial para atraer inversiones y mantener la competitividad del país en sectores clave. Por ello, el gobierno y las empresas del sector trabajan en conjunto para monitorear el mercado y ajustar las políticas de precios conforme a la realidad internacional y local, asegurando la provisión continua de combustibles.
Para evitar la volatilidad excesiva, el gobierno peruano ha implementado un mecanismo de bandas de precios que limita las fluctuaciones del diésel B5 en un rango preestablecido. Esta estrategia busca proteger tanto a los consumidores como a los distribuidores, evitando que las oscilaciones internacionales se trasladen de manera inmediata y completa al mercado interno.
Además, el gobierno promueve el uso de biocombustibles como una alternativa sostenible para reducir la dependencia del petróleo importado y mejorar la seguridad energética. Políticas de incentivos a la producción local de biodiésel y otros biocombustibles forman parte de esta estrategia, en línea con compromisos internacionales para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
El monitoreo constante de las variables internacionales y locales permite ajustar la política de precios de forma dinámica. Asimismo, se desarrollan programas de capacitación y asistencia técnica para los distribuidores y usuarios finales, con el objetivo de fomentar un uso eficiente del combustible y mitigar impactos ambientales negativos asociados al consumo de diésel.
El mercado del diésel B5 en Perú enfrenta retos derivados de la transición energética global, que busca disminuir el uso de combustibles fósiles y aumentar la participación de energías renovables. En este contexto, el diésel con mezcla de biodiésel se posiciona como un combustible de transición, que puede contribuir a la reducción de emisiones sin afectar la operatividad de sectores productivos.
Se espera que en los próximos años, las políticas públicas impulsen un aumento gradual en la proporción de biodiésel en el combustible final, con metas ambiciosas para 2030. Este cambio requerirá una mayor inversión en infraestructura, desarrollo tecnológico y apoyo a los productores locales para garantizar el abastecimiento sostenible y competitivo.
La estabilidad en los precios y el acceso a combustibles de calidad serán factores clave para sostener el crecimiento económico y social. La integración de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental complementará estas políticas, contribuyendo a una matriz energética más diversificada y resiliente en el futuro próximo.