En junio de 2025, el Departamento del Tesoro de EE.UU. extendió hasta el 31 de diciembre la protección legal sobre Citgo Petroleum, evitando su embargo por parte de acreedores internacionales. Esta medida otorga a Venezuela —a través del gobierno interino que controla los activos en el extranjero— un respiro temporal en la compleja disputa judicial y diplomática que rodea a la filial de PDVSA. Citgo, valorada en más de USD 10.000 millones, enfrenta múltiples demandas por expropiaciones e impagos del pasado. Aunque la decisión fue celebrada como una victoria táctica por la oposición venezolana, también alimentó tensiones con el gobierno de Maduro, que acusa a EE.UU. de “secuestrar” el activo. La nueva prórroga abre una ventana crítica para alcanzar acuerdos políticos antes de que se decida el destino final de Citgo.
Fecha:Friday 20 Jun de 2025
Gestor:ESCUELA ESGEP
Caracas/Washington, junio de 2025.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha decidido extender, hasta el 31 de diciembre de 2025, la vigencia de la Licencia General 5L, una medida que protege temporalmente a la empresa refinadora Citgo Petroleum —activo clave de Venezuela en el extranjero— de ser confiscada por sus acreedores. La decisión, que ha generado tanto alivio como controversia, representa un nuevo capítulo en la compleja batalla legal y política por el futuro de la filial estadounidense de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
¿Qué significa esta protección?
Citgo, con sede en Houston, es uno de los activos más valiosos de Venezuela en el exterior, valorada en más de USD 10.000 millones. Desde 2019, ha estado bajo una licencia especial emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que impide que sus activos sean liquidados por tenedores de bonos o empresas que exigen pagos por expropiaciones pasadas o incumplimientos financieros del Estado venezolano.
Esta nueva extensión de la licencia llega en medio de intensas presiones judiciales, ya que varios tribunales estadounidenses han autorizado subastas parciales de acciones de Citgo en favor de acreedores como Crystallex, ConocoPhillips y tenedores del bono PDVSA 2020.
Contexto legal y financiero
Citgo ha sido objeto de más de 20 demandas internacionales tras la ola de expropiaciones del chavismo y el impago de deudas durante la última década. Los tribunales de EE. UU. han permitido avanzar algunos procesos de embargo, especialmente luego del fallo de 2023 que autorizó a Crystallex a vender acciones de PDV Holding, la matriz de Citgo, para cobrar una deuda de más de USD 1.400 millones.
Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos ha mantenido esta licencia para preservar la posibilidad de una solución política en Venezuela, evitando que se liquide el activo antes de alcanzar acuerdos diplomáticos o electorales. La protección también ha sido impulsada por sectores del Congreso y la diáspora venezolana, que temen que una venta desorganizada termine en la pérdida definitiva del control sobre Citgo.
Impacto en Venezuela
La extensión de la licencia es vista como una “victoria táctica” por la oposición venezolana y por el gobierno interino representado legalmente en EE.UU., que administra los activos congelados de PDVSA. No obstante, voceros del gobierno de Nicolás Maduro han acusado a EE.UU. de “secuestrar” Citgo, reiterando su reclamo sobre la propiedad de la empresa.
Mientras tanto, la incertidumbre sobre el destino final de Citgo ha afectado la posibilidad de nuevos financiamientos, tanto para la empresa como para proyectos de recuperación de PDVSA.
Reacciones
¿Qué sigue?
La nueva fecha límite, 31 de diciembre, se convierte en un punto de inflexión. Hasta entonces, cualquier acuerdo político entre sectores venezolanos, sea para un cronograma electoral o para una transición institucional, podría influir directamente en la decisión de Washington de prorrogar o finalizar la protección sobre Citgo.
Conclusión
Citgo continúa siendo el epicentro de una disputa que mezcla política, deuda externa y geopolítica. La extensión de la licencia de protección por parte del Tesoro estadounidense ofrece un respiro temporal, pero no una solución definitiva. Venezuela, sus acreedores y la comunidad internacional enfrentan ahora una carrera contra el tiempo para definir el destino de uno de los últimos bastiones estratégicos del país en el extranjero.