“Transparencia en jaque: El ex presidente de Petroperú César Gutiérrez exige claridad sobre Talara”

El expresidente de Petroperú, César Gutiérrez, advierte sobre la opacidad en el manejo de la refinería de Talara, reclamando información oficial sobre su rendimiento y operación. Además, alerta sobre la paralización del Lote 192, marcada por riesgos financieros y ambientales. Cuestiona también las decisiones del Gobierno y Petroperú, destacando falta de datos para los inversionistas. Exige urgentes medidas de transparencia para recuperar credibilidad y sostén financiero ante acreedores públicos y privados.

El expresidente de Petroperú, César Gutiérrez, ha encendido nuevamente el debate público al reclamar mayor transparencia en el manejo de la refinería modernizada de Talara. Durante una entrevista concedida a Diario Correo, Gutiérrez aseguró que ni la empresa petrolera estatal ni las autoridades pertinentes han informado de forma clara y detallada sobre la operatividad real de la planta. Su advertencia busca evidenciar una problemática mayor: la credibilidad y capacidad de Petroperú para gestionar proyectos de envergadura.

Estas declaraciones surgen en un contexto en el que la refinería de Talara, modernizada para aumentar su capacidad y eficiencia, representa una inversión estratégica para el país. Sin embargo, a más de un año de su puesta en operación, persisten dudas sobre su rendimiento, generando preocupación entre inversionistas y sectores financieros. Gutiérrez señala que la ausencia de reportes oficiales vulnera la confianza tanto interna como externa.

Adicionalmente, estas declaraciones llegan mientras Petroperú mantiene una deuda de aproximadamente 4 100 millones de dólares con acreedores internacionales y bancos comerciales, lo que añade presión sobre su modelo de financiamiento. Según el ex presidente, sin información transparente, la petrolera no sólo pierde credibilidad ante los mercados, sino dificulta la posibilidad de atraer capital privado necesario para sostener sus operaciones.

La opacidad de Talara: ¿qué hay detrás de la cortina?

Según Gutiérrez, “nadie da fe” sobre el funcionamiento del flexicoking y la planta de generación eléctrica de Talara. Estas unidades son claves, pues el flexicoking permite procesar petróleo residual y generar combustibles, mientras que la planta de vapor abastece energía eléctrica auxiliar. No obstante, la empresa hasta ahora no ha emitido un “hecho de importancia” que detallen su estado real.

La ausencia de reportes detallados impide evaluar si la tecnología instalada está operando a su máximo potencial o si ya existen problemas operacionales que afectarían la producción. La falta de datos también dificulta conocer si los volúmenes de combustibles y energía generada están alineados con las proyecciones iniciales, lo cual pondría en duda los beneficios esperados de la modernización.

Gutiérrez advierte que esta “transparencia nula” debilita la confianza de los acreedores, pues Petroperú hoy depende del financiamiento gubernamental. Al no poder acceder al sistema financiero privado desde 2022, su única fuente de recursos ha sido la caja fiscal y el Banco de la Nación.

Lote 192: entre inversión y abandono

El expresidente también se refirió al Lote 192, inactivo desde 2020, debido a que no se encuentra un socio privado dispuesto a asumir los riesgos y las inversiones estimadas. Inicialmente se estimaron 80 millones de dólares, pero tras revisar la infraestructura obsoleta, la cifra se duplicó o incluso quintuplicó, hablando de hasta 500 millones de dólares.

El impacto ambiental en la zona tampoco ha recibido atención suficiente: se calcula que la remediación del área contaminada por hidrocarburos desde la década de 1970 podría exigir mil millones de dólares. Además, el oleoducto Ramal Norte, que transporta el crudo, enfrenta constantes ataques y fuertes problemas de corrosión, lo que dificulta asegurar una operación continua.

Gutiérrez señala que, sin solucionar estos problemas, la inversión en el Lote 192 carece de garantías. Además, advierte que cualquier entidad privada que se involucre podría luego iniciar reclamos ante tribunales internacionales como el CIADI, creando un negocio especulativo más que una inversión real.

El peso de las deudas y el financiamiento público

La deuda externa de Petroperú, como se mencionó, supera los 4 100 millones de dólares, incluyendo a bonistas y al crédito liderado por ScotiaBank. Desde 2022, el acceso al financiamiento privado ha sido limitado, lo que obligó al Estado a intervenir con recursos directos, utilizando fondos del tesoro y del Banco de la Nación.

Como resultado, el presupuesto estatal ha debido asumir la factura, pero esta medida de corto plazo no resuelve el problema estructural: la empresa sigue acumulando una carga financiera elevada, sin un plan claro de sostenibilidad a mediano plazo. Gutiérrez advierte que, una vez superado el ciclo electoral, la carga recaerá sobre el próximo gobierno.

La situación financiera de Petroperú afecta la inversión en proyectos estratégicos como Talara y el Lote 192, poniendo en riesgo la modernización del sector hidrocarburos. Por tanto, la transparencia no solo es un asunto de gestión sino de supervivencia para la empresa.

Gobierno y decisiones polémicas: influencia y favoritismos

Gutiérrez señaló que el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, es un “persona de confianza” de la presidenta Dina Boluarte, quien estaría reforzando su orientación hacia Petroperú. Según él, se han colocado personas vinculadas al entorno político de Palacio en posiciones clave dentro de la empresa, lo que debilita la independencia financiera y técnica de la entidad.

En su opinión, esta influencia directa favorece un flujo de recursos sin la debida supervisión o criterios técnicos. De esa forma, las decisiones se tomarían por cercanía política y no por evaluación objetiva, lo que incrementa los riesgos de malgasto o de falta de eficiencia en proyectos críticos.

Finalmente, Gutiérrez advierte que esta situación pone en jaque la capacidad de Petroperú de sostenerse, ya que dependería más de favores políticos que de criterios de mercado y de solvencia técnica, minando la confianza tanto nacional como internacional.

Consecuencias de la opacidad: ¿hacia una crisis mayor?

La advertencia de falta de transparencia genera efectos directos en la credibilidad institucional. La incertidumbre respecto a datos técnicos sobre Talara y al futuro del Lote 192 aleja el interés de inversionistas y acreedores. En esta medida, la refinería y los campos de hidrocarburos podrían adoptar una senda de estancamiento operativo.

Si Petroperú no logra informar adecuadamente, enfrentará tasas más altas, e incluso pérdida de acceso al crédito privado. Esto se reflejaría en presiones para utilizar más recursos públicos, afectando las finanzas del Estado y limitando otras inversiones prioritarias.

Además, una mayor opacidad fomenta un clima de escepticismo y desconfianza, lo cual puede derivar en incidentes reputacionales que afecten también a altos funcionarios y comprometan la sostenibilidad de políticas energéticas futuras.

El reclamo de Gutiérrez: un llamado urgente

Frente a este escenario, el ex presidente exige que se emitan hechos de importancia sobre Talara, que informen sobre los niveles operativos, la generación energética y la eficiencia en la producción de combustibles. Solo de esta forma se podrá recuperar la confianza de los mercados .

Asimismo, pide claridad en los costos reales, cronogramas de remediación del Lote 192 y garantías sobre la continuidad del Ramal Norte. Documentación técnica y financiera sería el punto de partida para evaluar la viabilidad del proyecto y para atraer a socios privados.

Finalmente, sostiene que si estas condiciones no se cumplen, los proyectos estratégicos de Petroperú están en riesgo, afectando la autosuficiencia energética del país y agravando la dependencia de recursos públicos.

El contexto actual y los próximos pasos

Hoy, el país se enfrenta a un escenario decisivo: modernizar su refinería de Talara y explotar sus recursos hidrocarburíferos con transparencia y eficiencia. El resultado de este esfuerzo determinará si Petroperú puede recuperar su solidez financiera y convertirse en un motor de desarrollo, o si perderá terreno ante retos estructurales y falta de credibilidad.

El gobierno y las autoridades deben decidir si asumen el camino de la transparencia y responsabilidad o si persisten prácticas opacas que terminarían replicándose en futuras gestiones, dejándole al próximo gobierno una situación envenenada.

La opinión pública, los inversionistas y los acreedores estarán atentos a señales reales: si Talara empieza a publicar su desempeño, si el Lote 192 recibe un plan creíble, o si el financiamiento se reestructura con reglas claras. Estas acciones definirán la viabilidad de Petroperú como actor estratégico.

Las declaraciones de César Gutiérrez constituyen un llamado de alerta: sin transparencia, Talara y el Lote 192 pueden quedarse en proyectos inacabados, con gastos en aumento y casi sin retorno. Su diagnóstico muestra un modelo que depende demasiado de decisiones políticas y muy poco de criterios técnicos, poniendo en riesgo el futuro energético y económico del país.

Es urgente que Petroperú, con apoyo del Ejecutivo, establezca mecanismos claros de rendición de cuentas: informes periódicos, auditoría internacional, y publicación de indicadores técnicos. Solo así será posible volver a generar confianza, reactivar la inversión y asegurar el funcionamiento eficiente de las instalaciones.